México, 8 Oct. (Notimex).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República se reunió con dirigentes empresariales para analizar los principales puntos de la reforma laboral.

El presidente de esa instancia legislativa, Ernesto Gándara Camou, dio la bienvenida a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y de la Coparmex, Alberto Espinosa, quienes expresarán sus observaciones sobre la minuta de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

La primera intervención fue de Gutiérrez Candiani, quien expuso que el CCE y los organismos que lo integran consideran que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, y que revisa el Senado, es un gran paso en la dirección correcta para la inversión, el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos.

Pidió que no sea otra iniciativa de reforma laboral que se mete a la “congeladora”, a lado de casi 500 que han tenido ese fin, pues consideró que ya se logró una parte sustantiva del trato con la minuta a revisión.

Reiteró el compromiso del sector empresarial con el país y con los ciudadanos, y pidió que “demos al mundo y a los mexicanos una muestra contundente de que la decisión de detonar el desarrollo del país va en serio destrabando los obstáculos que nos frenan”.

La reforma pretende el equilibrio para empatar la oferta y la demanda de empleo, y para el sector empresarial es fundamental que el Senado cumpla con el papel constitucional de cámara revisora para garantizar que el proyecto enviado por los diputados dé los mejores resultados, expuso.

A su parecer, es fundamental revisar inconsistencias, disposiciones mal orientadas o lagunas, que de no atenderse acotarán el potencial de cambio de la reforma, por lo que es indispensable analizar las nuevas formas de contratación, a fin contar con seguridad jurídica y eliminar la mala práctica del outsourcing que violenta los derechos laborales y defrauda al Estado mexicano.

Señaló que la reglamentación aprobada en el dictamen contiene avances para terminar con las practicas fraudulentas del outsorucing, pero el exceso de condiciones incorporadas puede limitar o terminar con la terciarización legal que cumple con una función de gran relevancia para el sector productivo y el país.

Además de que afectaría la inversión nacional y extranjera, pondría en riesgo cientos de empleos formales existentes, ligados a prestadoras legítimas de esos servicios que pagan impuestos y cuotas al IMSS.

El líder empresarial hizo señalamientos a las nuevos esquemas de contratación, como el periodo de prueba y la capacitación inicial.

Señaló que condicionarlos a la aprobación de una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento se invalidarían los beneficios de la medida para la mayoría de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas.

Respecto a la terminación de la relación laboral y la reforma que limita a 12 meses los salarios caídos, son positivas y reducen los costos laborales, pero se imponen intereses capitalizables que resultan desproporcionados y van contra los criterios de la Corte para que no se cobren intereses sobre intereses, el anatosismo.

“Eso va contra el objetivo de fomentar la conciliación y los procesos expeditos en los juicios laborales; para miles de empresas enfrentar un caso de litigio en esas condiciones pone en riesgo su supervivencia”, advirtió.

El empresario resaltó que en el trabajo por hora también se imponen condiciones que acotarían dramáticamente el alcance de ese esquema de contratación, y en la parte de obligaciones patronales se hace caso omiso de acuerdos entre los sectores sindicales y patronales al imponer medidas que difícilmente pueden cumplirse.

El cambio para la productividad, la formación y capacitación de los trabajadores establece una regulación que afecta la autonomía de las empresas en su gestión administrativa y generan inseguridad jurídica, aseveró el dirigente empresarial.

Expuso que les preocupan las disposiciones relativas al concepto de subordinación de agentes de comercio, comsionistas y semejantes, pues más de tres millones de personas están involucradas en actividades de venta directa, como lo requieren actividades de esas áreas.

Mencionó que se omitieron en el dictamen acuerdos de los factores de producción relativo a notificaciones personales para juicios, documentos públicos y nombramientos de peritos y se suprime la propuesta para la visibilidad de un contrato colectivo.

Otro elemento de preocupación es el incremento en sanciones que alcanzarían hasta cinco mil días de salarios mínimos por trabajador, casi mil 600 por ciento por encima de las actuales, consideró.

Se tiene claro, consideró, que la iniciativa deja de lado pendientes importantes, aun cuando el dictamen contiene avances en materia de transparencia y democracia sindical.

“Hay tiempo y bases sólidas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, emanado de acuerdos históricos entre las fuerzas políticas, acuerdos muchos de ellos, que el sector sindical y el sector empresarial hemos construido a lo largo de casi dos décadas”, destacó.

Gutiérrez Candiani afirmó que el resultado de esta reforma será mayor certidumbre jurídica para los trabajadores y empresas, así como más inversiones productivas nacionales y extranjeras, y mejores empleos y remunerados.

A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Espinosa, resaltó que la reforma laboral representa una oportunidad histórica.

Señaló que entre los ajustes que requiere, es que deben concentrarse en la regulación de outsourcing, en los términos actuales, la eventual responsabilidad del incumplimiento de las prestaciones sociales de una empresa subcontratista recae en la empresa principal.

“Pedimos al Senado que precise dicha responsabilidad, para evitar que las empresas cumplidas asuman el pago de las eventuales omisiones o irregularidades en que pudiera incurrir un subcontratista, que en realidad es un patrón que debe cumplir con las obligaciones laborales”, expuso.

Destacó que las consideraciones del outsourcing son importantes porque limitan la flexibilidad operativa y generan inseguridad jurídica al contener conceptos vagos o imprecisos respecto a las actividades que puedan ser subcontratadas.

Nuestra posición es que la subcontratación es una tendencia mundial del empleo que se debe permitir si el contratista cumple puntualmente con todas las obligaciones que derivan de la relación laboral con los trabajadores y con el Estado, entre ellas la seguridad social.

También mencionó el tema de los salarios caídos, la regulación correcta en los agentes de comercio, la prescripción y caducidad de oficio, el pago de horas extras, los requisitos para que proceda un emplazamiento a huelga o las demandas de titularidad de los contratos colectivos de trabajo.

Otros punto que tocó fue el arbitraje obligatorio en huelga y la productividad, así como las comisiones de capacitación, adiestramiento y productividad que van contra la libre determinación y administración de las empresas, entre otros.

Espinosa Desigaud consideró que históricamente las discusiones en torno a posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo están cargadas de un contenido ideológico que impiden su desarrollo.

“Cada día son más los líderes sindicales y empresariales que se convencen de que la empresa es una comunidad humana en la que se produce riqueza para el país, lo mejor es que busquemos juntos, trabajadores y patrones, los mejores mecanismos para facilitar que nuestras empresas sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables”, concluyó.